Ocurrió en el año 2013, en Huánuco. Mientras se dirigía a su escuela, una niña de solo 11 años fue violada en plena vía pública. El agresor la amenazó con un cuchillo para obligarla a tener relaciones sexuales, y como resultado del ataque, la niña quedó embarazada. La madre de la menor denunció el hecho, pero el proceso se retrasó más de tres años por una serie de dilaciones presentadas por la defensa. Durante el proceso, la menor tuvo que revivir lo ocurrido una y otra vez. Dio su testimonio en su escuela, en la Policía y en el despacho de la fiscal. Lo peor es que existe el riesgo de que sea revictimizada, pues será testigo en el juicio que se realizará en las semanas siguientes. El proceso aún no termina y el agresor no tiene una sentencia definitiva.
Esta terrible situación no es única. En el Perú ocurre casi a diario. Según las estadísticas de la Policía y del Poder Judicial –contenidas en el Plan Nacional de Acción a Favor de la Infancia y la Adolescencia 2012-2021–, cada año se presentan unas 5,500 denuncias por violación sexual, de las cuales el 72% (casi 4,000 casos) corresponde a menores de edad. De esa cifra, el 90% de las víctimas son niñas y adolescentes.
Pero eso no es todo. De las casi 4,000 denuncias por violación sexual de menores, solo unas 800 terminan con sentencia efectiva contra los agresores, es decir ni la tercera parte. ¿Por qué? Carlos Villarroel, comisionado de la Adjuntía para la Niñez y Adolescencia de la Defensoría del Pueblo, dijo que una de las principales razones es la deficiente investigación de los casos.
“El Código Penal ya prevé penas elevadas para este delito, pero no todas las denuncias se llegan a judicializar; algunas se quedan en el camino por el temor de las víctimas, por las demoras de los procesos o la burocracia de los funcionarios”, explicó.
VARIAS DEFICIENCIAS
Pero además, hay otro problema. La ruta de atención creada para atender a las víctimas de abuso sexual infantil no se cumple. “Ello principalmente porque los profesionales encargados de llevar a cabo ese protocolo no están especializados en temas de infancia, enfoque de género o violencia sexual y tratan igual a un adulto que a un niño de 11 años”, dijo Victoria Rico, gerenta de Calidad de Programas Perú-Ecuador de Save the Children.
Rico detalló que en el país menos del 15% del personal que atiende estos casos ha recibido formación para estas tareas y eso ocasiona que un gran porcentaje de niños y adolescentes sean revictimizados por el propio sistema y sus operadores.
Susana Chávez, directora del Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales Reproductivos (Promsex), agregó que el sistema tampoco protege a las mujeres de un embarazo no deseado, pues los operarios de Salud están impedidos de entregar a las menores la anticoncepción oral de emergencia, así sea después de una violación.
“Tampoco dan a los menores el soporte psicológico adecuado, pues, aunque el Ministerio de Justicia y los centros de emergencia mujer (CEM) del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) brindan este servicio gratuito a las víctimas de violencia sexual, este no es diferenciado y no llega a todos”, comentó.
CIFRA DE ULTRAJES CRECE
Lo que sí han logrado los CEM, por el momento, es mejorar el tema de la denuncia, pues año a año están aumentando las denuncias de violación sexual. “Y eso no se debe al aumento de casos, sino a que ahora hay más difusión de los mecanismos para denunciar estos hechos sin causar daño a la víctima”, explicó Elizabeth Vásquez, abogada del Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual del MIMP.
De acuerdo con la estadística de los CEM, hasta marzo de este año ya se han presentado 1,393 denuncias por violencia sexual, de las cuales 1,085 son contra menores de edad. El promedio nacional de denuncias por abuso sexual es de 18.82 por cada 100,000 habitantes y una de las regiones donde el problema es más grave es Huánuco, donde las denuncias se han duplicado en los últimos cuatro años.
Precisamente, una reciente publicación de Promsex da cuenta de que en esta región no hay trabajo de prevención de parte del Estado, ni programas integrales de atención a las víctimas. En ese contexto, el aumento de denuncias solo está incrementando la carga procesal y saturando los servicios de atención a las víctimas.
“La respuesta del Estado no llega porque simplemente no se tiene un adecuado conocimiento del fenómeno. En el 90% de casos de violación sexual infantil hay un patrón de comportamiento que empieza con engaños y caricias, que luego se convierten en tocamientos indebidos y naturalizan el acto hasta consumar el abuso sexual”, dijo Chávez.
Según el estudio de Promsex, se ha identificado que desde que se inicia ese patrón de abuso hasta que la víctima identifica una connotación sexual pueden pasar entre 1 y 2 años. “El círculo recién se rompe a los 18 años y, en la mayoría de casos, las víctimas recién denuncian el ultraje en una segunda o tercera violación. Por eso se debe trabajar en la prevención”, aseguró Chávez.
EL EJEMPLO DE HUÁNUCO
A falta de una mejor atención del Estado, en Huánuco la sociedad civil se ha organizado y, con el apoyo de la ONG Paz y Esperanza, ha creado la asociación Tamar, la primera organización de madres cuyas hijas han sido abusadas sexualmente y buscan justicia.
“Aunque hay un servicio de defensa para las víctimas, con abogados de oficio del Ministerio de Justicia, estos no cubren la demanda. Por eso, nosotros usamos nuestra experiencia para asesorar legal y psicológicamente a los padres de otras víctimas”, dijo María Carrillo, presidenta de Tamar.
Carrillo agregó que en Huánuco hay casos muy fuertes. “Hay agresores inhumanos que someten a niñas y niños de seis o siete años al sexo oral y anal. Ante casos como esos no podemos quedarnos de brazos cruzados”, dice, al tiempo de pedir al Estado que mejore la labor de prevención.
TENGA EN CUENTA
- El MIMP tiene una línea 100 y un chat 100 que dan orientación las 24 horas del día sobre dónde acudir o cómo proceder para denunciar un caso de violación sexual. En casos de flagrancia, estos se contactan con la Policía.
- En las zonas alejadas se trabaja a través de Estrategia Rural, un programa que llega a las comunidades más lejanas, incluso en bote, para proteger a los menores víctimas de violación sexual y asegurar su acceso a la justicia.
FALTAN CÁMARAS GESELL
El sistema de cámara Gesell se ha convertido en los últimos años en una prueba fundamental para procesar los delitos de abuso sexual infantil. En estos ambientes, las autoridades pueden tomar por única vez el testimonio de los niños protegiendo su estado mental y evitando su revictimización.
Empero, por falta de presupuesto, el Ministerio Público no puede implementar este sistema en todo el Perú. Actualmente Lima cuenta con 10 cámaras y en el interior del país hay 50 ambientes, entre cámaras Gesell y salas únicas de entrevista, que cumplen la misma función pero operan con un sistema cerrado de televisión y sin el falso espejo.
En las cámaras Gesell se programan entre 80 y 100 audiencias por mes y lo ideal es que cada cita se programe entre 5 y 7 días después de la solicitud. Sin embargo, las audiencias se programan con un mes y medio de retraso debido a la alta carga procesal, explicó Gisella Tenorio, psicóloga del Instituto de Medicina Legal.
La Defensoría del Pueblo supervisó el sistema y determinó que, además de más cámaras para atender la gran demanda existente, faltan psicólogos con mayor especialización para recoger los testimonios de las víctimas, y que las cámaras operen las 24 horas del día.
