Violencia contra las mujeres: 5000 personas en los talleres

a Provincia destacó la participación en los distintos cursos del año para prevenir el acoso y los ataques por cuestiones de género.

Hubo cursos para estudiantes y funcionarios del Gobierno.

Buenos tratos, prevención de embarazo adolescente e infecciones de transmisión sexual, noviazgos libres de violencia y abordaje de la violencia de género fueron algunos de los ejes de los talleres sobre violencia hacia la mujer de los que participaron más de cinco mil personas.

Las temáticas propuestas estuvieron orientadas a la prevención de embarazo adolescente, buenos tratos, violencia en el noviazgo, violencia escolar/bullying y la ley nacional de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales, introducción a la perspectiva de género, procedimiento para la denuncia, abordaje de la violencia de género, diversidad y género, prevención de abuso sexual infantil y violencia.

Estudiantes, agentes públicos de los ámbitos administrativos, educativos, de seguridad, instituciones intermedias y comunidad en general formaron parte de las numerosas jornadas de sensibilización y concientización a cargo de los equipos técnicos del Consejo Provincial de la Mujer y coordinados por las referentes territoriales de dicho organismo.

Entre sus objetivos, los distintos espacios de aprendizaje e intercambio se propusieron trabajar de manera articulada en políticas de género, a través de una tarea territorial, para acordar la pautas para desarrollar las actividades.

Un 20% de los menores han sufrido situaciones de abuso sexual

El Ayuntamiento de València, a través de la Concejalía de Igualdad y Políticas Inclusivas, ha organizado un espacio de debate público para hacer visible la realidad de los abusos sexuales contra mujeres y menores en el ámbito familiar y doméstico. Profesionales de los ámbitos educativo, psicológico, jurídico, forense, social, sanitario y de cuerpos de seguridad han debatido sobre las situaciones de abuso sexual que afectan a cerca de un 20 % de los menores. 250 personas han participado en esta iniciativa, donde han podido enriquecer el debate con sus reflexiones.

La concejala de Igualdad y Políticas Inclusivas, Isabel Lozano, ha destacado "la importancia de un debate público sobre una situación muy grave que todavía es tabú en nuestra sociedad y que afecta a muchos menores. De hecho, dos tercios de los menores que han sufrido en sus vidas situaciones de abuso sexual los han sufrido por parte de un miembro de su familia o de su entorno más próximo". Además, ha explicado que "los secretos, las lealtades familiares, los sentimientos de culpa y la vergüenza dificultan mucho la comunicación, con la consiguiente agravación para las víctimas de las consecuencias psicoemocionales".

En la iniciativa, llevada a cabo por el Ayuntamiento por primera vez, han participado, entre otras y otros profesionales, la abogada del servicio jurídico CAVAS, Beatriz de Mergerlina; la jurista de la Oficina de Víctimas del Delito, Pilar Gil; la psicóloga del Programa de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia de Género y sus hijos e hijas del Espacio Mujeres e Igualdad, Coto Talens; el coordinador de programas sede València de Save The Children, Rodrigo Hernández; la oficiala del Grupo GAMA de la Policía Local Mª Amparo Ciurana; la psicóloga forense Francisca Savall, los magistrados José Mª Gómez Villora y José Luis Mendoza, la profesora Rosa Sanchís, la fiscal Socorro Zaragoza y la docente y experta en coeducación y prevención de la violencia de género Charo Altable.

La concejala ha destacado la importancia de un debate como este para hacer visible un problema que solo acaba en sentencia condenatoria en uno de cada cinco casos denunciados. "Es fundamental aportar herramientas para su prevención, detección y atención a las víctimas y este debate nos ha marcado un camino claro en el que necesitamos coeducación afectivo-sexual desde infantil obligatoria, formación y recursos públicos especializados en los ámbitos educativo, sanitario, familiar, de la judicatura, etc., y hacer visible esta realidad desde cualquier espacio, poniendo el foco en los agresores", ha explicado.

Durante el vídeo-fórum se ha proyectado el documental DUMA, de la directora palestina Abeer Zeibak Haddad, basado en los abusos sexuales en el ámbito familiar y doméstico, con grandes semblanzas en la forma como mujeres y menores viven este problema tan grave. "Afortunadamente la respuesta ha sido excelente. Es evidente el interés suscitado y esto nos alienta para continuar el camino iniciado por el actual gobierno municipal para defender los derechos de todas las mujeres y los menores y sensibilizar a toda la ciudadanía", ha añadido para finalizar Lozano.

Mireya denunció abuso sexual infantil pero no la escucharon

http://www.cimacnoticias.com.mx/?q=noticia/mireya-denunci-abuso-sexual-infantil-pero-no-la-escucharon

Nadie atendió la denuncia de Mireya Agraz Cortés, ni los agentes de investigación de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México ni mucho menos las juezas del Tribunal Superior de Justicia capitalino y aunque por siete años confió en las autoridades, todos la ignoraron, nadie le creyó y quienes encontraron evidencia de su dicho prefirieron ocultarlo. 

Así una historia que comenzó con una denuncia por violación sexual infantil terminó cuando todas las instituciones encargadas de proteger a las víctimas se excusaron y decidieron hacer caso omiso, lo que al parecer llevó a Mireya a suicidarse junto a sus tres hijos, su madre y su padre antes de ver que su ex pareja siguiera abusando sexualmente de los tres menores de edad.

El 7 de junio pasado la policía encontró los cuerpos de seis personas –una aún con vida– en una casa ubicada en la colonia San Jerónimo Lídice de la delegación Magdalena Contreras de la capital del país. El primer diagnóstico fue muerte por envenenamiento pero lo que no termina de esclarecerse para la autoridad ni para la opinión pública es por qué la familia decidió quitarse la vida. 

Es por esta razón que un grupo de defensoras de Derechos Humanos de las Mujeres y de la infancia, que conocieron el caso desde hace cuatro años, expusieron este 4 de julio el recorrido que Mireya y sus hijos hicieron desde diciembre de 2010 antes de decidir que era mejor estar muertos que seguir enfrentando amenazas, abuso de poder y corrupción de quien L. Olvera, quien fuera padre y esposo.

LA DENUNCIA

En 2010 el niño E, de tres años de edad, dejó de controlar sus esfínteres, lloraba por cualquier cosa, tenía pesadillas y no quería alejarse de su madre.  Cuando Mireya notó los cambios en su comportamiento pensó que era un problema de salud y lo llevó al  proctólogo. El médico le dijo que se trataba de síntomas de una posible violación sexual.

Mireya, embarazada de unas gemelas, tenía que confirmar el diagnóstico así que llevó a su hijo con una psicóloga, quien, después de 10 sesiones de trabajado para el revisar el caso y escuchar el testimonio del niño, determinó que el menor de edad fue víctima de violencia sexual por parte de su padre.

Con las evidencias de su lado la madre quiso proteger a su hijo y el 16 de junio de 2011 denunció ante el Ministerio Público la violación sexual (Averiguación previa FDS-6/T2/5/6/11-06) pero lo que pareció el inició de una investigación para castigar al presunto culpable hizo que la familia se encontrara con un ineficiente sistema de Agencias en Delitos Sexuales que se supone deberían ser especializadas.

Ese mismo año (29 de junio de 2011) Mireya solicitó un peritaje al Hospital Psiquiátrico Infantil. Este fue el primer documento oficial que se presentó como prueba y donde se confirmó el diagnóstico de  abuso y violencia sexual pero, mientras continuaba la denuncia penal, en casa L. Olvera se defendió afirmando que era mentira y solicitando el divorcio y la patria potestad de su hijo.

En agosto de 2011 el esposo de Mireya solicitó el divorcio ante el Juzgado Décimo de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, a cargo de la jueza Cristina Espinoza Rosello, quien como primera acción determinó un régimen de visitas y convivencia provisional entre el padre y las dos niñas que ya habían nacido.  

Con todo y que había una denuncia por abuso sexual infantil, en abril de 2012 L. Olvera pidió a la jueza que le autorizara las visitas con su hijo.   

Para junio de 2012, por orden de la jueza Espinoza Rosello, el DIF de la Ciudad de México hizo un segundo peritaje al niño y uno al padre. Las pruebas indicaron que el padre pudo ser víctima del mismo delito cuando era menor de edad y se detectó además que era probable responsable del abuso contra E; mientras que el niño relató cómo su padre usaba una máscara mientras lo violaba.

Cuando las pruebas apuntaban a la culpabilidad de L. Olvera, en octubre de 2012 él solicitó a la titular del Juzgado Décimo de lo Familiar que se realizaran pruebas periciales sobre Alienación Parental, figura que –a pesar de no ser reconocida por ninguna institución de salud ni psiquiátrica de prestigió– en 2014 fue incorporada a la legislación capitalina, en el Artículo 323 séptimus del Código Civil.

La jueza autorizó el peritaje sin importar que el 9 de junio de 2014 la Comisión de Derechos Humanos capitalina impugnó esta figura jurídica a través de una Acción de Inconstitucionalidad (19/2014) ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El argumento del organismo fue que se trataba de un término que califica a las niñas y niños como mentirosos y a las madres como manipuladoras. El caso aún está por resolverse.

Mientras la denuncia ante la Fiscalía de la Procuraduría capitalina, en ese entonces encabezada por Miguel Ángel Mancera, parecía no avanzar, en el Juzgado del Tribunal Superior de Justicia L. Olvera ganaba pruebas para que sus hijos se quedaran con él. Por ejemplo, la jueza autorizó que la institución encargada de hacer el estudio de Alienación Parental fuera el Instituto de Ciencias Forenses (Incifo) que depende del Tribunal.

MANIPULACIÓN

El Incifo realizó un peritaje a L. Olvera, a Mireya y otro más al niño. Según los resultados del tercer estudio que se hizo al menor de edad, no había evidencia de “victimización sexual”, entre otras cosas porque el niño usaba las mimas palabras que la madre para hacer referencia al presunto abuso. 

Los resultados de las valoraciones que hizo esta instancia del Tribunal sirvieron para que la jueza Espinoza Rosello ordenara una terapia entre el padre y el niño para “restablecer la relación paterno filial” y es que uno de los supuestos de la Alienación Parental es que este “síndrome” se “cura” haciendo que la presunta víctima y el victimario convivan.

En diciembre de 2012 la jueza pidió que el Incifo realizara estas terapias de acercamiento pero la institución informó que no hacía ese tipo de intervenciones por lo que ese pidió a la Asociación para el Desarrollo Integral de Personas Violadas (Adivac) atender el caso. Una vez que la organización recibió información y tomando en consideración el principio de “interés superior de la infancia”, en febrero de 2013 comenzó a realizar terapias con E para abordar el tema de violencia sexual.

Presionada por su ex pareja y la jueza, y viendo que la denuncia no llegaría a ningún lado, el 3 de noviembre del 2013 Mireya aceptó firmar un convenio de custodia compartida. Ya en febrero del siguiente año toda la familia, aunque todavía estaban separados los padres, viajaron a Disneylandia, pero pronto Mireya se dio cuenta del error cuando una de sus hijas gemelas le dice que padre abusó de ella.

Al enterarse, en febrero de 2014, la madre de inmediato presentó otra denuncia ante la Fiscalía Central de Delitos Sexuales (Averiguación Previa FDS/FDS/-6/T3/153/14-02) pero a la vez L. Olvera presenta un recursos ante el Juzgado Décimo para que se le otorgara la guarda y custodia.

De acuerdo con una entrevista que Mireya dio a un medio de comunicación televisado antes de quitarse la vida, los juzgados violentaron los derechos de sus hijos al obligarlos a convivir con su padre aun cuando ellos no querían y sin considerar que su ex pareja era acusado de violencia sexual. En esa misma entrevista la fiscal de Atención a Delitos Sexuales de la Procuraduría capitalina, Alicia Rosas Rubí, se excusó diciendo que “hasta cierto punto” era un tema en materia familiar.

Para evidenciar el acuerdo de custodia compartida, avalado por el Juzgado Décimo, Mireya pidió apoyó a Adivac para interponer una queja ante el Consejo de la Judicatura y al mismo tiempo interpuso una queja ante la Comisión de Derechos Humanos capitalina. Ninguna de las dos quejas tuvo resultados pero la jueza Espinoza Rosello se excusó de seguir conociendo el caso.

Para septiembre de 2014, el Juzgado Undécimo de lo Familiar, a cargo de la jueza Silvia Araceli García Lara, retoma el caso. Un mes después del cambio de Juzgado se citó una audiencia en el despacho de la jueza para que las niñas y los niños declararan lo sucedido.  

El niño contó todo el abuso sexual, no obstante la jueza García Lara solicitó a la secretaria que hiciera pasar al padre de las niñas y el niño, quien llegó con juguetes. Al verlo, el niño tiró los juguetes a la basura y dijo que no quería nada de él. La jueza intentó obligar a los menores de edad a convivir con su padre pero ante la negativa del abuelo materno, ordenó que llegue la policía. 

En 2015 Mireya continuaba con el proceso familiar para proteger a sus hijos pero era obligada por la jueza a llevarlos a un Centro de Convivencia del Tribunal y cada vez que no lo hacía era multada; incluso tenía una orden de arresto; por su parte L. Olvera  no depositaba la pensión. Fue en 2016 cuando una de las gemelas dijo que su padre la tocaba en el baño del Centro, donde no hay cámaras ni vigilancia.

Al conocer esto, en septiembre de 2016, Mireya interpuso la tercera denuncia ante la Procuraduría capitalina, quien abrió una carpeta de investigación (CI-FDS/FDS2/VIFDS/2/01/1263/092016) por abuso sexual del padre contra una de sus hijas en el Centro de Convivencia del Tribunal Superior; pero un mes después, a la niña se le hizo la prueba de Bosty (creada para explicar enfermedades y operaciones a niñas y niños), la cual resultó negativa.

AMENAZAS

El 24 de octubre de 2016 L. Olvera denunció a Mireya ante la Procuraduría por violencia familiar contra sus hijas e hijo y como consecuencia el ex esposo se presentó con agentes judiciales de la Fiscalía para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes para allanar la casa de Mireya y entrar a la casa de los abuelos maternos,  intimidando y amenazando a la familia para que entregarán a las niñas y al niño. No los entregaron.

Los testimonios recogidos por Adivac, cuando conoció el caso, indican que hubo amenazas e intimidación hacia Mireya y hacia sus padres, lo que podría estar relacionado con el suicidio del 7 de junio.

El presunto detonante, dicen las activistas, ocurrió en octubre del año pasado cuando la Jueza Undécima de lo familiar le informó a Mireya que perdió la guarda y custodia e impidió que los abuelos maternos se relacionaran con las gemelas. A pesare de todo la mujer seguía interponiendo recursos jurídicos para evitar que sus hijas e hijo se quedaran con su padre, quería que su caso llegara a la Suprema Corte en caso de ser necesario.

Casi siete años después de la primera denuncia Mireya, sus padres, y sus tres hijos optaron por quitarse la vida y hoy feministas, defensoras de los derechos de la infancia y activistas por los derechos de las mujeres exigen que se investigue el suicidio porque pudo ser provocado y además quieren que se evidencie que las instituciones fallaron y que detrás de la historia hay una serie de omisiones a indagar.

Agrupaciones como Adivac, Save the Children, el Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social y el Centro hermanas Mirabal de Derechos Humanos, entre otras más, alertan que hay más casos como el de Mireya y más mujeres, niñas y niños víctimas de una figura jurídica que criminaliza a las madres por lo que llaman a la Suprema Corte a resolver el recursos sobre Alienación Parental y derogar este concepto de la legislación capitalina.

17/AGM/

Prevención contra el abuso infantil con obra

Prevención contra el abuso infantil con obra

Se presentó la puesta en escena "Hordum" en el Museo de El Trompo. Foto: Carlos Luna.

El Sol de Tijuana

20 de noviembre de 2016

Juan Miguel Hernández

Tijuana.- En colaboración con la compañía de teatro Moliére, la asociación Ámate y Cuídate AC presentó la puesta en escena "Hordum" en el Museo del Trompo.

La directora de la organización, Norma Torres Ponce, recordó que ayer se conmemoró el Día Nacional contra el Abuso Sexual Infantil, y como parte de estas actividades se montó la obra de teatro que habla sobre los riesgos a los que se exponen los niños y adolecentes en el internet, ya que muchas veces el internet es la antesala para los pederastas, para poder enganchar a los niños e involucrarlos en alguna actividad de índole sexual.

"La idea de la obra es crear esta conciencia tanto a los niños y adolescentes como a los padres de cuáles son estos riesgos, qué tan fácil es que un niño o un adolescente pueda caer en un riesgo, y muchos padres no están presentes o supervisando qué páginas son las que frecuentan sus hijos", comentó.

Dijo que es importante que los padres de familia se actualicen en el uso de las redes sociales, ya que, según las estadísticas, el 56% de los progenitores no conocen la forma de utilizar las plataformas sociales.

Indicó que en Ámate y Cuídate AC se busca promover la cultura de prevención y abuso a través de pláticas a padres de familia, maestros, y talleres que van dirigidos a los niños, ya que ellos estarán en riesgo y son los que tienen que recibir la información para que sepan qué hacer.

Señaló que imparten talleres para niños a partir de los 4 años, con el propósito de que conozcan que su cuerpo les pertenece, para que sepan diferenciar de un buen y mal contacto, precisando que de los 6 a 12 años es la edad en que los menores se encuentran más vulnerables ante el abuso sexual.

Por último, dio a conocer que el 70% de los niños que son abusados es por un familiar directo, el 20% por una persona conocida al menor, y solo un 10% por alguien ajeno al círculo familiar.

"Lo más grave del abuso es porque se supone que la familia o los adultos cerca de los niños están para cuidarlos y protegerlos, pero son los que abusan. Los lugares donde creen que están más seguros es donde lamentablemente sucede el abuso", concluyó.

Boletín N°. 2568 Llaman a intensificar acciones que combatan el abuso sexual infantil

17-11-2016.- En la sesión, diputados del PRI, PAN, PRD, PVEM, Morena, Movimiento Ciudadano, Nueva Alianza y Encuentro Social plantearon impulsar mayores acciones que combatan el abuso sexual infantil, toda vez que 95 por ciento de los casos se generan en el hogar y en el país existen más de 16 mil menores que son obligados a ejercer la prostitución.

Con motivo del Día Nacional contra el Abuso Sexual Infantil, que se celebra el 19 de noviembre, la diputada Norma Edith Martínez Guzmán (Encuentro Social) refirió que la violación y el abuso sexual infantil son de las formas más graves de violencia hacia menores. Conlleva efectos devastadores en su vida y los datos demuestran, lamentablemente, que estos delitos crecen.

Establecer un día nacional sobre el tema, recuerda que es necesario atender “un cáncer muy grave para nuestros niños”, porque aunque no seamos parte de manera directa, sabemos que el abuso sexual existe. En México tenemos 20 millones de sobrevivientes de abuso, por lo que se debe actuar en consecuencia.

María Eugenia Ocampo Bedolla, de Nueva Alianza, consideró necesario reconocer que en el país hay un grave problema de abuso infantil, incluyendo el de índole sexual. “Si bien es cierto que se han reforzado campañas informativas, aún falta mucho por hacer, sobre todo comunicar en las zonas más desprotegidas del país. Es imprescindible robustecer las acciones en todos los niveles de gobierno, para la erradicación del maltrato a nuestra infancia”.

“Tenemos que contribuir a crear más y mejores políticas públicas orientadas al desarrollo de la niñez, para que nuestros infantes puedan vivir libres de violencia. Es el primer paso que garantizará que vivan libre de violencia en todos los sentidos de su vida”, indicó.

Por Movimiento Ciudadano, la diputada María Candelaria Ochoa Avalos señaló que el 95 por ciento de los casos de abuso sexual infantil se generan en su casa. “Ese lugar que creemos que es el más seguro y sagrado, es uno de los que amenazan a los niños y a las niñas. Ahí es donde tendríamos que poner la atención”.

En ese sentido, subrayó, se requiere trabajar juntos para proteger a los menores y castigar a quien los han dañado. “Queremos que todo tipo de abuso sexual sea castigado, ocurra donde sea, en la casa, calle, comunidad o cualquier espacio en donde los menores estén en riesgo”.

La diputada María Antonia Cárdenas Mariscal (Morena) comentó que la población infantil constituye un grupo social altamente vulnerado. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), reconoce que la violencia física, sexual, psicológica, el abandono, la explotación y la discriminación son graves problemas que enfrentan niñas, niños y adolescentes.

México ocupa el primer lugar en difusión de pornografía infantil, y segundo, en la producción de este tipo de material; urge implementar acciones para reducir el grado de vulnerabilidad de la niñez y la adolescencia en nuestro país, procurar su desarrollo en una sociedad más solidaria, justa e incluyente.

Claudia Villanueva Huerta, diputada del PVEM, mencionó que según Unicef, en México existen más de 16 mil niñas y niños que son obligados a ejercer la prostitución, siendo los destinos turísticos las zonas donde frecuentemente se presenta esto; por ello, es necesario crear conciencia en aras de proteger a la infancia de un problema que involucra a todos, para garantizar el respeto y el ejercicio pleno de los derechos de este grupo vulnerable.

Refrendó su compromiso de combatir el tráfico de niñas y niños con fines de explotación sexual, el grooming y en general todas aquellas prácticas que atentan física y emocionalmente en contra de los menores. No se puede eludir, que de acuerdo con la OCDE, México ocupa los primeros lugares a nivel mundial en abuso sexual, violencia física y homicidios a menores de 14 años.

El diputado Rafael Hernández Soriano (PRD) precisó que el tráfico sexual infantil, según datos de organismos internacionales, es la tercera actividad ilícita que más reditúa económicamente. Llamó al Ejecutivo federal a agilizar la relación con el Legislativo, para redactar reformas que prevengan, erradiquen, sancionen y atiendan la violencia contra la niñez.

Se requiere que los ejecutivos locales prevengan y atiendan esta agenda en cada una de sus entidades. “Les hacemos un llamado para que cumplan un compromiso que hicieron en agosto, que es garantizar el presupuesto necesario para que el sistema de protección nacional y los sistemas de protección estatales funcionen. Trabajemos para que los agresores sexuales no le roben la infancia al país”.

Por Acción Nacional, la diputada Mariana Arámbula Meléndez relató que México según la OCDE ocupa el segundo lugar en abuso sexual infantil. “Este día debe movernos a la reflexión, a la acción y a utilizar todas las capacidades y alcances para poner en práctica acciones preventivas con miras a erradicar el abuso sexual”. 

Indicó que todos los días del año se debe tener presente que no se puede permitir más niños, niñas o adolescentes abusados, violentados y abandonados. Llamó a condenar cualquier tipo de agresión contra ellos, “debemos denunciar y no ser cómplices por omisión; tenemos que seguir trabajando por su interés superior de la niñez y la adolescencia. No permitamos que la alta incidencia del delito del abuso sexual infantil rebase nuestros esfuerzos”.

La diputada priista, Erika Lorena Arroyo Bello, resaltó que el abuso infantil es un fenómeno que lastima a quien lo sufre, pero también a su entorno. Este día, dijo, “es para unirnos y recordar el compromiso que tenemos con las y los niños de la nación. El cuidarlos y protegerlos nos implicará a la larga tener una mejor sociedad. No podemos ser indiferentes ante esta realidad tan lacerante. Tenemos que apostar a la protección y a garantizar su desarrollo pleno e integral”.

Hizo votos para inculcar el respeto por el cuerpo de los menores; fortalecer la confianza y apostarle a la correcta comunicación; preparar a las instancias educativas y de salud para detectar este problema, ser capaces de hacerle frente y darle el seguimiento correcto; afinar procedimientos judiciales para proteger a los menores, sin exponerlos ni revictimizarlos, y castigar con todo el peso de la ley a los transgresores. “Tenemos que trabajar para generar confianza en las instituciones, solamente así habrá la cultura de la denuncia y bajará la de la impunidad”.

Diputados ‘menosprecian’ tema de abuso infantil

México.— El Pleno de la Cámara de Diputados lució semivacío durante la discusión sobre el establecimiento del 19 de noviembre como El Día Nacional contra el Abuso Infantil. 

Menos de cincuenta legisladores escucharon los posicionamientos de los partidos políticos respecto al tema.

La diputada panista Mariana Arámbula Meléndez explicó que, según la OCDE, México ocupa el primer lugar en abuso sexual infantil. “el 75 por ciento de nuestros niños están siendo abusados sexualmente dentro de casa y cada 4 minutos un niño o niña son abusados sexualmente en Latinoamérica”.

En ese sentido, se pronunció a favor de legislar en pro de la defensa de los infantes, “tenemos que seguir trabajando por su interés superior de la niñez y la adolescencia, expresado en el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Convención de los Derechos de los Niños y en la Ley General de nuestros niños, niñas y adolescentes”.

Por su parte, el diputado del PRD Rafael Hernández Soriano hizo un llamado al gobierno de Enrique Peña Nieto, con la finalidad de que se agilicen las reformas en la materia.

“No basta solamente un acuerdo del sistema, sino hay que echar manos a la obra. Es importante también que los ejecutivos locales prevengan y atiendan esta agenda en cada una de sus entidades”, señaló el perredista.

Inicia campaña contra el abuso sexual infantil

FRONTERA COAH.- El Centro de Orientación y Protección a Víctimas de Violencia Intrafamiliar arrancó la campaña “Protégenos, contra el abuso sexual infantil” en la primaria José Vasconcelos de la colonia Industrial, Sandra de Luna directora del Coprovvi, señaló que esto es una tarea de todos.

“Hay que trabajar por que el abuso ya no esté en el silencio, hay que abordarse con estrategias y planes de acción que bajen desde los gobiernos federales, estatales e internacionales, pero la sociedad también debe colaborar”, dijo Sandra de Luna en el discurso de arranque de campaña.

Ahí se contó con la participación de Deyanira Nájera, directora del Centro de Empoderamiento para la Mujer, Abigail Martínez coordinadora de la Secretaría de la Mujer, de padres de familia, personal docente y alumnos.

Sandra de Luna comentó que todo el tiempo se ha dejado la responsabilidad a los niños y niñas, pero la campaña es involucrar a la sociedad en general a que tomen la responsabilidad para educar y proteger a los niños y las niñas.

“Los niños ya están cansados de escuchar que les decimos que son el futuro, ellos quieren disfrutar el presente donde estén libres de violencia y se trata de poner un alto al abuso infantil”, comentó.

Dijo que hay una institución llamada Semáforo Delictivo que maneja que en Coahuila los casos de abuso infantil son alarmantes, el abuso infantil no solo es sexual, sino la explotación, las omisiones, no alimentarlos y darles espacios recreativos que merecen es parte del abuso infantil.

Muchos de los menores se quedan callados cuando son víctimas de un abuso porque el 90% de los casos cometidos han sido dentro del seno familiar, tienen miedo de desintegrar a la familia, que no les crean, sienten culpa, temen al rechazo.

Señaló que hacen falta políticas públicas pero sobre todo que todo mundo se involucre, que las instituciones que se involucren que los acompañen y que los representen legal, psicológica y socialmente para que en dado caso si los padres quieren retirar las denuncias no lo hagan, porque todos los delitos de abuso infantil deben ser de oficio.

Esta campaña se realizará en cada escuela por parte del equipo de Coprovvi donde hay trabajadoras sociales, psicólogas, abogadas y directoras certificadas a nivel nacional en lo que tiene que ver con la violencia.