Se presentó la puesta en escena "Hordum" en el Museo de El Trompo. Foto: Carlos Luna.
El Sol de Tijuana
20 de noviembre de 2016
Juan Miguel Hernández
Tijuana.- En colaboración con la compañía de teatro Moliére, la asociación Ámate y Cuídate AC presentó la puesta en escena "Hordum" en el Museo del Trompo.
La directora de la organización, Norma Torres Ponce, recordó que ayer se conmemoró el Día Nacional contra el Abuso Sexual Infantil, y como parte de estas actividades se montó la obra de teatro que habla sobre los riesgos a los que se exponen los niños y adolecentes en el internet, ya que muchas veces el internet es la antesala para los pederastas, para poder enganchar a los niños e involucrarlos en alguna actividad de índole sexual.
"La idea de la obra es crear esta conciencia tanto a los niños y adolescentes como a los padres de cuáles son estos riesgos, qué tan fácil es que un niño o un adolescente pueda caer en un riesgo, y muchos padres no están presentes o supervisando qué páginas son las que frecuentan sus hijos", comentó.
Dijo que es importante que los padres de familia se actualicen en el uso de las redes sociales, ya que, según las estadísticas, el 56% de los progenitores no conocen la forma de utilizar las plataformas sociales.
Indicó que en Ámate y Cuídate AC se busca promover la cultura de prevención y abuso a través de pláticas a padres de familia, maestros, y talleres que van dirigidos a los niños, ya que ellos estarán en riesgo y son los que tienen que recibir la información para que sepan qué hacer.
Señaló que imparten talleres para niños a partir de los 4 años, con el propósito de que conozcan que su cuerpo les pertenece, para que sepan diferenciar de un buen y mal contacto, precisando que de los 6 a 12 años es la edad en que los menores se encuentran más vulnerables ante el abuso sexual.
Por último, dio a conocer que el 70% de los niños que son abusados es por un familiar directo, el 20% por una persona conocida al menor, y solo un 10% por alguien ajeno al círculo familiar.
"Lo más grave del abuso es porque se supone que la familia o los adultos cerca de los niños están para cuidarlos y protegerlos, pero son los que abusan. Los lugares donde creen que están más seguros es donde lamentablemente sucede el abuso", concluyó.
17-11-2016.- En la sesión, diputados del PRI, PAN, PRD, PVEM, Morena, Movimiento Ciudadano, Nueva Alianza y Encuentro Social plantearon impulsar mayores acciones que combatan el abuso sexual infantil, toda vez que 95 por ciento de los casos se generan en el hogar y en el país existen más de 16 mil menores que son obligados a ejercer la prostitución.
Con motivo del Día Nacional contra el Abuso Sexual Infantil, que se celebra el 19 de noviembre, la diputada Norma Edith Martínez Guzmán (Encuentro Social) refirió que la violación y el abuso sexual infantil son de las formas más graves de violencia hacia menores. Conlleva efectos devastadores en su vida y los datos demuestran, lamentablemente, que estos delitos crecen.
Establecer un día nacional sobre el tema, recuerda que es necesario atender “un cáncer muy grave para nuestros niños”, porque aunque no seamos parte de manera directa, sabemos que el abuso sexual existe. En México tenemos 20 millones de sobrevivientes de abuso, por lo que se debe actuar en consecuencia.
María Eugenia Ocampo Bedolla, de Nueva Alianza, consideró necesario reconocer que en el país hay un grave problema de abuso infantil, incluyendo el de índole sexual. “Si bien es cierto que se han reforzado campañas informativas, aún falta mucho por hacer, sobre todo comunicar en las zonas más desprotegidas del país. Es imprescindible robustecer las acciones en todos los niveles de gobierno, para la erradicación del maltrato a nuestra infancia”.
“Tenemos que contribuir a crear más y mejores políticas públicas orientadas al desarrollo de la niñez, para que nuestros infantes puedan vivir libres de violencia. Es el primer paso que garantizará que vivan libre de violencia en todos los sentidos de su vida”, indicó.
Por Movimiento Ciudadano, la diputada María Candelaria Ochoa Avalos señaló que el 95 por ciento de los casos de abuso sexual infantil se generan en su casa. “Ese lugar que creemos que es el más seguro y sagrado, es uno de los que amenazan a los niños y a las niñas. Ahí es donde tendríamos que poner la atención”.
En ese sentido, subrayó, se requiere trabajar juntos para proteger a los menores y castigar a quien los han dañado. “Queremos que todo tipo de abuso sexual sea castigado, ocurra donde sea, en la casa, calle, comunidad o cualquier espacio en donde los menores estén en riesgo”.
La diputada María Antonia Cárdenas Mariscal (Morena) comentó que la población infantil constituye un grupo social altamente vulnerado. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), reconoce que la violencia física, sexual, psicológica, el abandono, la explotación y la discriminación son graves problemas que enfrentan niñas, niños y adolescentes.
México ocupa el primer lugar en difusión de pornografía infantil, y segundo, en la producción de este tipo de material; urge implementar acciones para reducir el grado de vulnerabilidad de la niñez y la adolescencia en nuestro país, procurar su desarrollo en una sociedad más solidaria, justa e incluyente.
Claudia Villanueva Huerta, diputada del PVEM, mencionó que según Unicef, en México existen más de 16 mil niñas y niños que son obligados a ejercer la prostitución, siendo los destinos turísticos las zonas donde frecuentemente se presenta esto; por ello, es necesario crear conciencia en aras de proteger a la infancia de un problema que involucra a todos, para garantizar el respeto y el ejercicio pleno de los derechos de este grupo vulnerable.
Refrendó su compromiso de combatir el tráfico de niñas y niños con fines de explotación sexual, el grooming y en general todas aquellas prácticas que atentan física y emocionalmente en contra de los menores. No se puede eludir, que de acuerdo con la OCDE, México ocupa los primeros lugares a nivel mundial en abuso sexual, violencia física y homicidios a menores de 14 años.
El diputado Rafael Hernández Soriano (PRD) precisó que el tráfico sexual infantil, según datos de organismos internacionales, es la tercera actividad ilícita que más reditúa económicamente. Llamó al Ejecutivo federal a agilizar la relación con el Legislativo, para redactar reformas que prevengan, erradiquen, sancionen y atiendan la violencia contra la niñez.
Se requiere que los ejecutivos locales prevengan y atiendan esta agenda en cada una de sus entidades. “Les hacemos un llamado para que cumplan un compromiso que hicieron en agosto, que es garantizar el presupuesto necesario para que el sistema de protección nacional y los sistemas de protección estatales funcionen. Trabajemos para que los agresores sexuales no le roben la infancia al país”.
Por Acción Nacional, la diputada Mariana Arámbula Meléndez relató que México según la OCDE ocupa el segundo lugar en abuso sexual infantil. “Este día debe movernos a la reflexión, a la acción y a utilizar todas las capacidades y alcances para poner en práctica acciones preventivas con miras a erradicar el abuso sexual”.
Indicó que todos los días del año se debe tener presente que no se puede permitir más niños, niñas o adolescentes abusados, violentados y abandonados. Llamó a condenar cualquier tipo de agresión contra ellos, “debemos denunciar y no ser cómplices por omisión; tenemos que seguir trabajando por su interés superior de la niñez y la adolescencia. No permitamos que la alta incidencia del delito del abuso sexual infantil rebase nuestros esfuerzos”.
La diputada priista, Erika Lorena Arroyo Bello, resaltó que el abuso infantil es un fenómeno que lastima a quien lo sufre, pero también a su entorno. Este día, dijo, “es para unirnos y recordar el compromiso que tenemos con las y los niños de la nación. El cuidarlos y protegerlos nos implicará a la larga tener una mejor sociedad. No podemos ser indiferentes ante esta realidad tan lacerante. Tenemos que apostar a la protección y a garantizar su desarrollo pleno e integral”.
Hizo votos para inculcar el respeto por el cuerpo de los menores; fortalecer la confianza y apostarle a la correcta comunicación; preparar a las instancias educativas y de salud para detectar este problema, ser capaces de hacerle frente y darle el seguimiento correcto; afinar procedimientos judiciales para proteger a los menores, sin exponerlos ni revictimizarlos, y castigar con todo el peso de la ley a los transgresores. “Tenemos que trabajar para generar confianza en las instituciones, solamente así habrá la cultura de la denuncia y bajará la de la impunidad”.
México.— El Pleno de la Cámara de Diputados lució semivacío durante la discusión sobre el establecimiento del 19 de noviembre como El Día Nacional contra el Abuso Infantil.
Menos de cincuenta legisladores escucharon los posicionamientos de los partidos políticos respecto al tema.
La diputada panista Mariana Arámbula Meléndez explicó que, según la OCDE, México ocupa el primer lugar en abuso sexual infantil. “el 75 por ciento de nuestros niños están siendo abusados sexualmente dentro de casa y cada 4 minutos un niño o niña son abusados sexualmente en Latinoamérica”.
En ese sentido, se pronunció a favor de legislar en pro de la defensa de los infantes, “tenemos que seguir trabajando por su interés superior de la niñez y la adolescencia, expresado en el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Convención de los Derechos de los Niños y en la Ley General de nuestros niños, niñas y adolescentes”.
Por su parte, el diputado del PRD Rafael Hernández Soriano hizo un llamado al gobierno de Enrique Peña Nieto, con la finalidad de que se agilicen las reformas en la materia.
“No basta solamente un acuerdo del sistema, sino hay que echar manos a la obra. Es importante también que los ejecutivos locales prevengan y atiendan esta agenda en cada una de sus entidades”, señaló el perredista.
FRONTERA COAH.- El Centro de Orientación y Protección a Víctimas de Violencia Intrafamiliar arrancó la campaña “Protégenos, contra el abuso sexual infantil” en la primaria José Vasconcelos de la colonia Industrial, Sandra de Luna directora del Coprovvi, señaló que esto es una tarea de todos.
“Hay que trabajar por que el abuso ya no esté en el silencio, hay que abordarse con estrategias y planes de acción que bajen desde los gobiernos federales, estatales e internacionales, pero la sociedad también debe colaborar”, dijo Sandra de Luna en el discurso de arranque de campaña.
Ahí se contó con la participación de Deyanira Nájera, directora del Centro de Empoderamiento para la Mujer, Abigail Martínez coordinadora de la Secretaría de la Mujer, de padres de familia, personal docente y alumnos.
Sandra de Luna comentó que todo el tiempo se ha dejado la responsabilidad a los niños y niñas, pero la campaña es involucrar a la sociedad en general a que tomen la responsabilidad para educar y proteger a los niños y las niñas.
“Los niños ya están cansados de escuchar que les decimos que son el futuro, ellos quieren disfrutar el presente donde estén libres de violencia y se trata de poner un alto al abuso infantil”, comentó.
Dijo que hay una institución llamada Semáforo Delictivo que maneja que en Coahuila los casos de abuso infantil son alarmantes, el abuso infantil no solo es sexual, sino la explotación, las omisiones, no alimentarlos y darles espacios recreativos que merecen es parte del abuso infantil.
Muchos de los menores se quedan callados cuando son víctimas de un abuso porque el 90% de los casos cometidos han sido dentro del seno familiar, tienen miedo de desintegrar a la familia, que no les crean, sienten culpa, temen al rechazo.
Señaló que hacen falta políticas públicas pero sobre todo que todo mundo se involucre, que las instituciones que se involucren que los acompañen y que los representen legal, psicológica y socialmente para que en dado caso si los padres quieren retirar las denuncias no lo hagan, porque todos los delitos de abuso infantil deben ser de oficio.
Esta campaña se realizará en cada escuela por parte del equipo de Coprovvi donde hay trabajadoras sociales, psicólogas, abogadas y directoras certificadas a nivel nacional en lo que tiene que ver con la violencia.
A una niña de 13 años de edad víctima de abuso sexual, para explicarle que se le haría un eco vaginal, le dijeron que le iban “a meter algo como…bueno, más delgado que un pene”. Frases de este tipo fueron recurrentes por médicos de Hospital General de Occidente, también conocido como Zoquipan, del municipio de Zapopan, Jalisco. Además, a la menor se le impidió su derecho a la interrupción legal del embarazo (ILE), contraviniendo lo que marcan la Norma 046 de la Ley de Víctimas y el Código Penal.
“Le pidieron en varias ocasiones que contara lo que le había pasado ‘porque boca sí tienes ¿verdad?’”, relata Patricia Ortega, representante en Jalisco del Colectivo de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México (Ddeser), quien facilitó a la familia asesoría durante el proceso y en respuesta, personal del hospital les prohibió el ingreso.
“¿Por qué los policías que están cuidando la entrada no están mejor buscando al agresor?”, preguntó a la trabajadora social del nosocomio una pariente de la niña.
DESCALIFICACIÓN DE LA VÍCTIMA. A “Alicia”, nombre ficticio con el que nos referiremos a la menor para proteger su identidad, le solicitaron copia de la denuncia penal antes de iniciar el proceso para la ILE. Pese a que la norma 046 señala que éste no es requisito, la familia contaba con el documento, lo presentó y aún así le pidieron a la pequeña que volviera a contar los hechos al personal del Ministerio Público (MP), a la trabajadora social, a la psicóloga, a los médicos, a las enfermeras y hasta al personal de ecosonograma.
“Se descalificó la situación de la víctima diciendo que el sexo fue consensuado, sin importar que la niña tiene 13 años y el agresor 25”, refiere Patricia Ortega.
El Código Penal de Jalisco califica como ‘abuso sexual infantil’ cuando se comete “un acto erótico-sexual en una persona menor de edad”. Y para el caso especifico de quien tenga cópula o cópula equiparada se establecen penas de “12 a 20 años de prisión, cuando la víctima sea menor de 15 años de edad”, según el artículo 142-M.
“A toda víctima de violación sexual se le garantizará el acceso a los servicios de anticoncepción de emergencia y de interrupción voluntaria del embarazo (…) Se dispondrá de personal capacitado en el tratamiento de la violencia sexual con un enfoque transversal de género”, señala la Ley de Atención a Víctimas del Estado de Jalisco en su artículo 27, mientras que el artículo 229 del Código Penal también lo permite “cuando el embarazo sea por violación”.
LAS TRABAS. “Ahorita no se siente nada ni se ve nada, pero en dos semanas se va a ver el bebé y se sentirán sus movimientos”, le decían a la niña personal del nosocomio, lo que para Ddeser es una forma de manipulación para tratar de persuadir a la víctima de su decisión.
Aunque finalmente “Alicia” pudo acceder a la ILE, antes tuvo que darse varias vueltas durante toda una semana, al Hospital Zoquipan. “Fue un peloteo tremendo”. Provenientes del interior del Estado, los gastos fueron significativos y el proceso cansado.
Primero las trabas referentes a la denuncia y las reiteradas declaraciones; luego les dijeron que no contaban con el medicamento; después se le orilló a recurrir al legrado “porque era el método que conocía en el hospital, no porque fuera el recomendado para su caso, siendo que ésta opción es más invasiva. Incluso en la Ciudad de México, que es donde se tiene experiencia en la ILE, como primera opción se considera el medicamento, luego la aspiración y en última instancia el legrado”, refiere la activista.
“Fue un trato cruel, es un trato inhumano para una niña de 13 años que es víctima de violación”, señala sobre las seis horas que tuvo que aguantar la menor porque en la parte intermedia se le negó el medicamento para mitigar el dolor. “Dijeron que ese era el chiste, que doliera para saber que el medicamento estaba haciendo efecto”.
Finalmente, con cinco semanas de embarazo se concretó el procedimiento de ILE, pero los malos tratos continuaron.
NIEGAN JUSTIFICANTE. Para que la menor pudiera reincorporarse a la escuela se pidió un justificante médico en el Hospital General de Occidente, mismo que le fue negado. Le dijeron que con la copia de la hoja de alta era suficiente. Ahí se especifica el procedimiento al que fue sometida. “Alicia” no quiere que sus maestros, compañeros, amigos o conocidos le pidan que cuente su historia.
Aunque es su derecho: “solicitar, acceder y recibir toda la información oficial necesaria para lograr el pleno ejercicio de sus derechos”, según la Ley de Victimas (artículo 7, apartado X); a “Alicia” también se le negó copia de su expediente. Le dijeron que tendría que pedirlo directamente a la Fiscalía General del Estado (FGE).
NO ES EL ÚNICO CASO. Durante su estancia en el Hospital Zoquipan, “Alicia” vio a varias niñas “más o menos de la misma edad” cuando salieron de labor de parto.
BARRERAS DESDE LO ALTO DE LA SSJ. De los obstáculos en el Hospital Zoquipan para permitirle a “Alicia” la ILE, estuvo enterado el titular de la Secretaría de Salud Jalisco (SSJ), Antonio Cruces Mada. Los activistas se entrevistaron con él para informarle de la situación y éste les dijo que se respetaría la fecha programada para el procedimiento, promesa que no se cumplió.
Fue hasta que intervino el secretario General de Gobierno, Roberto López Lara, y le instruyó directamente al titular de la SSJ atender el caso, cuando por fin pudo avanzar el proceso.
La Fundación Internacional Granito de Arena realizará el próximo 19 de noviembre la tercera edición de la Carrera Pedestre Deja tu Huella, en distancias de 5 y 10 kilómetros, como marco del Día Nacional contra el Abuso Sexual Infantil.
En conferencia de prensa efectuada en el Centro Sonrisas de Vida, Elena Torres Villanueva, presidenta de la Fundación Granito de Arena y organizadora de la justa pedestre, en compañía de Ernesto Coutiño Santiago, director de Cultura Física de la Secretaría de Juventud, Recreación y Deporte (SJRyD), e integrantes de la mencionada agrupación social, dio a conocer los pormenores técnicos y objetivos de la competencia recreativa, donde el costo de inscripción será de 100 pesos.
Elena Torres Villanueva explicó que la Carrera Deja tu Huella, comprenderá de una ruta de 5 y por primera vez de 10 kilómetros sobre el circuito 3, con salida y llegada en Caña Hueca hacía el Bulevar Belisario Domínguez, Libramiento Norte, crucero de la carretera a Chicoasén y Los Laguitos, entre otros puntos; señaló también que las primeras corredoras y corredores que se inscriban recibirán la playera conmemorativa.
“Considero muy importante conocer las diferentes aristas de este proyecto, las diferentes experiencias y el profesionalismo y amor con la que mis compañeros de Granito de Arena hacen su labor, que realmente es muy difícil”, aseveró Elena Torres.
Por su parte, Coutiño Santiago dijo que el tema del abuso sexual infantil, es preocupante, por eso es importante que en la carrera del próximo 19 de noviembre, fecha en que celebra el Día Internacional contra el Abuso Sexual Infantil, se haga conciencia de los números tan alarmantes de casos en nuestro país.
Los fondos recaudados serán donados a Granito de Arena para continuar con la lucha contra este flagelo, no solo en Chiapas sino en todo el mundo.
Torres Villanueva agregó que se entregarán regalos sorpresa entre los primeros lugares y habrá rifas entre los participantes. Indicó que los puntos de inscripción están ubicados en la SJRyD en horario de 3 a 6 de la tarde.
"Continúa la historia. TERCER GRAN PASO EN CONTRA DEL ABUSO SEXUAL INFANTIL.
Hoy 24 de junio de 2016, se hizo la presentación en las instalaciones del conjunto Bucareli de la Secretaría de Gobernación, de las "MEMORIAS DEL FORO NACIONAL SOBRE POLÍTICA PÚBLICA CON ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS PARA LA ATENCIÓN DEL ABUSO SEXUAL INFANTIL", derivadas del "Primer Foro Nacional sobre Política Pública con Enfoque de Derechos Humanos para la Atención del Abuso Sexual Infantil".
Asimismo, se refrendó el compromiso para seguir trabajando de manera conjunta gobierno, academia y sociedad civil para seguir dando pasos certeros en contra del abuso sexual infantil. El equipo de Corazones de "ASI, Nunca Más" y la "Red Hispanoamericana contra el Abuso Sexual Infantil", estamos de plácemes y muy motivados, no solo por el gran reconocimiento otorgado por las autoridades gubernamentales y de la academia, ante nuestra iniciativa de convocar al primer esfuerzo nacional contra el abuso sexual infantil, sino -principalmente- porque por fin ya se logró que los hacedores de política pública, comprendan la urgencia de legislar ante una problemática tan grave contra la niñez y, en general, para toda la sociedad.
En breve compartiremos, todo lo que ocurrió en dicha presentación, para que conozcan de primera mano, lo que pasó en el evento. Y más allá de un acto protocolario, para que todos demos seguimiento a los compromisos y las acciones que se pusieron sobre la mesa para prevenir, atender, sancionar, reparar y erradicar el abuso sexual infantil. Falta mucho por hacer, pero ya estamos en el camino.
¡Vamos por mas! #ASINUNCAMAS #REDHISPANOAMERICANACONTRAELABUSOSEXUALINFANTIL #QUENOTODOSSOMOSDEPREDADORES"
Ciudad Victoria, Tamaulipas.- En el Estado de Tamaulipas toda persona que cometa el delito de abuso sexual en una persona menor de quince años de edad, aun con su consentimiento o que por cualquier causa no pueda resistirlo o la obligue a ejecutarlo en sí o en otra persona, se le impondrá una pena de 6 hasta 13 años de prisión y hasta quinientos días de salario de multa.
“Si se hiciera uso de violencia, la pena se aumentará en una mitad más en su mínimo y máximo”, expresa el artículo 268 del documento del Código Penal del Estado de Tamaulipas.
Ante eso, el diputado del Partido del Trabajo (PT), Arcenio Ortega Lozano dijo que estas sanciones penales no son altas para atacar este delito que sigue presentándose en la entidad, por lo que se requiere elevar las sanciones.
“Las sanciones penales que están establecidas en el Código no son altas en comparación con los delitos que se comenten en con los niños, se debe reformar para elevarlas”, dijo el petista al indicar que sí se sigue presentando este tipo de delitos en los infantes.
“El delito de abuso sexual sólo se castigará cuando se haya consumado”, establece el Código Penal del Estado. Tamaulipas es uno de los 25 Estados del país donde el abuso sexual infantil no está considerado un delito grave, en comparación con Jalisco que considera este delito grave con penas severas.
En Tamaulipas, se adecuó el Código Penal del Estado al sustituir la denominación de impudicia por abuso sexual, a efecto de armonizar tal concepto con el Código Penal Federal, no obstante, sus penas van desde 6 hasta 13 años de prisión y hasta quinientos días de salario de multa.
Así mismo establece el artículo 267 que quien comete el delito de abuso sexual en una persona sin su consentimiento o la obligue a ejecutar para sí o en otra persona, actos sexuales sin el propósito de llegar a la cópula, se le impondrá pena de seis a diez años de prisión y hasta doscientos días de salario de multa.
“Para efectos de este artículo se entiende por actos sexuales los tocamientos o manoseos corporales obscenos o los que representen actos explícitamente sexuales u obliguen a la víctima a representarlos”, detalla.
También se considera abuso sexual cuando se obligue a la víctima a observar un acto sexual o a exhibir su cuerpo sin su consentimiento. Si se hiciera uso de violencia, física o psicológica, la pena se aumentará en una mitad más en su mínimo y máximo.
Ocurrió en el año 2013, en Huánuco. Mientras se dirigía a su escuela, una niña de solo 11 años fue violada en plena vía pública. El agresor la amenazó con un cuchillo para obligarla a tener relaciones sexuales, y como resultado del ataque, la niña quedó embarazada. La madre de la menor denunció el hecho, pero el proceso se retrasó más de tres años por una serie de dilaciones presentadas por la defensa. Durante el proceso, la menor tuvo que revivir lo ocurrido una y otra vez. Dio su testimonio en su escuela, en la Policía y en el despacho de la fiscal. Lo peor es que existe el riesgo de que sea revictimizada, pues será testigo en el juicio que se realizará en las semanas siguientes. El proceso aún no termina y el agresor no tiene una sentencia definitiva.
Esta terrible situación no es única. En el Perú ocurre casi a diario. Según las estadísticas de la Policía y del Poder Judicial –contenidas en el Plan Nacional de Acción a Favor de la Infancia y la Adolescencia 2012-2021–, cada año se presentan unas 5,500 denuncias por violación sexual, de las cuales el 72% (casi 4,000 casos) corresponde a menores de edad. De esa cifra, el 90% de las víctimas son niñas y adolescentes.
Pero eso no es todo. De las casi 4,000 denuncias por violación sexual de menores, solo unas 800 terminan con sentencia efectiva contra los agresores, es decir ni la tercera parte. ¿Por qué? Carlos Villarroel, comisionado de la Adjuntía para la Niñez y Adolescencia de la Defensoría del Pueblo, dijo que una de las principales razones es la deficiente investigación de los casos.
“El Código Penal ya prevé penas elevadas para este delito, pero no todas las denuncias se llegan a judicializar; algunas se quedan en el camino por el temor de las víctimas, por las demoras de los procesos o la burocracia de los funcionarios”, explicó.
VARIASDEFICIENCIAS
Pero además, hay otro problema. La ruta de atención creada para atender a las víctimas de abuso sexual infantil no se cumple. “Ello principalmente porque los profesionales encargados de llevar a cabo ese protocolo no están especializados en temas de infancia, enfoque de género o violencia sexual y tratan igual a un adulto que a un niño de 11 años”, dijo Victoria Rico, gerenta de Calidad de Programas Perú-Ecuador de Save the Children.
Rico detalló que en el país menos del 15% del personal que atiende estos casos ha recibido formación para estas tareas y eso ocasiona que un gran porcentaje de niños y adolescentes sean revictimizados por el propio sistema y sus operadores.
Susana Chávez, directora del Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales Reproductivos (Promsex), agregó que el sistema tampoco protege a las mujeres de un embarazo no deseado, pues los operarios de Salud están impedidos de entregar a las menores la anticoncepción oral de emergencia, así sea después de una violación.
“Tampoco dan a los menores el soporte psicológico adecuado, pues, aunque el Ministerio de Justicia y los centros de emergencia mujer (CEM) del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) brindan este servicio gratuito a las víctimas de violencia sexual, este no es diferenciado y no llega a todos”, comentó.
CIFRA DE ULTRAJESCRECE
Lo que sí han logrado los CEM, por el momento, es mejorar el tema de la denuncia, pues año a año están aumentando las denuncias de violación sexual. “Y eso no se debe al aumento de casos, sino a que ahora hay más difusión de los mecanismos para denunciar estos hechos sin causar daño a la víctima”, explicó Elizabeth Vásquez, abogada del Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual del MIMP.
De acuerdo con la estadística de los CEM, hasta marzo de este año ya se han presentado 1,393 denuncias por violencia sexual, de las cuales 1,085 son contra menores de edad. El promedio nacional de denuncias por abuso sexual es de 18.82 por cada 100,000 habitantes y una de las regiones donde el problema es más grave es Huánuco, donde las denuncias se han duplicado en los últimos cuatro años.
Precisamente, una reciente publicación de Promsex da cuenta de que en esta región no hay trabajo de prevención de parte del Estado, ni programas integrales de atención a las víctimas. En ese contexto, el aumento de denuncias solo está incrementando la carga procesal y saturando los servicios de atención a las víctimas.
“La respuesta del Estado no llega porque simplemente no se tiene un adecuado conocimiento del fenómeno. En el 90% de casos de violación sexual infantil hay un patrón de comportamiento que empieza con engaños y caricias, que luego se convierten en tocamientos indebidos y naturalizan el acto hasta consumar el abuso sexual”, dijo Chávez.
Según el estudio de Promsex, se ha identificado que desde que se inicia ese patrón de abuso hasta que la víctima identifica una connotación sexual pueden pasar entre 1 y 2 años. “El círculo recién se rompe a los 18 años y, en la mayoría de casos, las víctimas recién denuncian el ultraje en una segunda o tercera violación. Por eso se debe trabajar en la prevención”, aseguró Chávez.
EL EJEMPLO DE HUÁNUCO
A falta de una mejor atención del Estado, en Huánuco la sociedad civil se ha organizado y, con el apoyo de la ONG Paz y Esperanza, ha creado la asociación Tamar, la primera organización de madres cuyas hijas han sido abusadas sexualmente y buscan justicia.
“Aunque hay un servicio de defensa para las víctimas, con abogados de oficio del Ministerio de Justicia, estos no cubren la demanda. Por eso, nosotros usamos nuestra experiencia para asesorar legal y psicológicamente a los padres de otras víctimas”, dijo María Carrillo, presidenta de Tamar.
Carrillo agregó que en Huánuco hay casos muy fuertes. “Hay agresores inhumanos que someten a niñas y niños de seis o siete años al sexo oral y anal. Ante casos como esos no podemos quedarnos de brazos cruzados”, dice, al tiempo de pedir al Estado que mejore la labor de prevención.
TENGA EN CUENTA
El MIMP tiene una línea 100 y un chat 100 que dan orientación las 24 horas del día sobre dónde acudir o cómo proceder para denunciar un caso de violación sexual. En casos de flagrancia, estos se contactan con la Policía.
En las zonas alejadas se trabaja a través de Estrategia Rural, un programa que llega a las comunidades más lejanas, incluso en bote, para proteger a los menores víctimas de violación sexual y asegurar su acceso a la justicia.
FALTANCÁMARASGESELL
El sistema de cámara Gesell se ha convertido en los últimos años en una prueba fundamental para procesar los delitos de abuso sexual infantil. En estos ambientes, las autoridades pueden tomar por única vez el testimonio de los niños protegiendo su estado mental y evitando su revictimización.
Empero, por falta de presupuesto, el Ministerio Público no puede implementar este sistema en todo el Perú. Actualmente Lima cuenta con 10 cámaras y en el interior del país hay 50 ambientes, entre cámaras Gesell y salas únicas de entrevista, que cumplen la misma función pero operan con un sistema cerrado de televisión y sin el falso espejo.
En las cámaras Gesell se programan entre 80 y 100 audiencias por mes y lo ideal es que cada cita se programe entre 5 y 7 días después de la solicitud. Sin embargo, las audiencias se programan con un mes y medio de retraso debido a la alta carga procesal, explicó Gisella Tenorio, psicóloga del Instituto de Medicina Legal.
La Defensoría del Pueblo supervisó el sistema y determinó que, además de más cámaras para atender la gran demanda existente, faltan psicólogos con mayor especialización para recoger los testimonios de las víctimas, y que las cámaras operen las 24 horas del día.
Image copyright Image captionLa mayoría de los soldados de la ONU acusados de abusos sexuales provienen de África, pero también hubo denuncias contra cascos azules de naciones europeas como Alemania y Eslovaquia.
"La niña de siete años nos dijo que hizo sexo oral con soldados franceses, a cambio de una botella de agua y un paquete de galletitas".
A pesar de las múltiples denuncias de crímenes sexuales por parte de tropas de paz y personal de Naciones Unidas en los últimos dos años, a pesar de un panel independiente que criticó duramente la falta de diligencia de la organización internacional, los abusos continúan.
Un informe presentado por el secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, asegura que hubo 99 nuevas denuncias de abuso sexual por parte de soldados y personal de la ONU en misiones internacionales en 2015, un aumento significativo respecto a los 80 casos registrados en 2014.
La niña citada arriba es una de las víctimas, y su declaración fue tomada por funcionarios de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, que difundió el caso y el de otros menores en un comunicado en enero.
El informe divulgado este viernes forma parte de una nueva política de "nombrar y avergonzar" a los responsables, adoptada por la ONU tras el escándalo el año pasado de abuso de menores a manos de cascos azules franceses en República Centroafricana.
De los nuevos 99 casos denunciados en 2015, 69 fueron de abusos cometidos por soldados en misiones de paz y 30 por funcionarios de la ONU en otras capacidades.
Image copyrightGETTYImage captionHaití es uno de los países donde se denunció explotación o abuso sexual por parte de soldados o personal de la ONU.
Por primera vez se detalla la lista de países involucrados. Hubo denuncias de abuso sexual contra soldados y policías de Alemania, Burundi, Ghana, Senegal, Eslovaquia, Madagascar, Ruanda, República Democrática del Congo, Burkina Faso, Camerún, Tanzania, Níger, Moldova, Togo, Sudáfrica, Benín, Nigeria y Gabón.
También hubo denuncias contra funcionarios de varios países europeos y Canadá.
La mayoría de los abusos tuvieron lugar en África, especialmente en República Centroafricana, pero también se denunció explotación sexual en Haití.
El informe fue duramente criticado por Code Blue("Código Azul"), una campaña lanzada por la ONG con sede en Nueva York, Aids Free World("Mundo libre de Sida"), para monitorear las denuncias de abuso sexual contra cascos azules y funcionarios de la ONU.
"¿Qué ha hecho exactamente la ONU ante las más de mil denuncias de abuso sexual contra su personal desde 2007? Bajo la máscara de que toma alguna medida, lo que realmente hay es inercia", dijo la ONG en un comunicado.
El informe de la ONU insta a los países de donde provienen las tropas a juzgar a los culpables en sus tribunales. También llama a la creación de un banco de muestras de ADN de cascos azules, para facilitar los procesos criminales.
Image copyrightGETTYImage captionLa ONG Code Blue acusó a Naciones Unidas de inacción y de vivir en un "universo alternativo de burocracia".
Pero más allá de las recomendaciones, poco ha cambiado en el terreno.
Investigadores de la organización de defensa de los derechos humanos Human Rights Watch (HRW) que visitaron República Centroafricana denunciaron el mes pasado la violación o abuso sexual de al menos ocho mujeres y niñas.
Los ataques tuvieron lugar según HRW entre octubre y diciembre de 2015, más de un año después del escándalo de abuso de menores por soldados franceses en ese mismo país.
Image copyrightGETTYImage captionAnders Kompass fue suspendido temporalmente de su puesto por Naciones Unidas cuando, frustrado por la falta de medidas de la organización en la que trabajaba hacía cerca de 30 años, entregó a fiscales en Francia un documento confidencial de la ONU sobre las denuncias de abuso sexual.
Una menor de 14 años relató a los investigadores de HRW: "Pasaba por la base de Minusca en el aeropuerto cuando me atacaron. Los soldados estaba armados. Uno me sujetó los brazos mientras el otro me arrancó la ropa. Me tiraron a un pastizal y mientras uno me agarraba el otro me violó".
Otra joven de 18 años fue violada cuando acudió a la base de cascos azules de la República Democrática del Congo para pedir algo de comida. "Tres hombres armados se me tiraron encima y me dijeron que si los denunciaba me matarían. Me violaron uno a uno", dijo la joven a HRW.
"Universo alternativo de la burocracia"
En diciembre del año pasado un panel independiente acusó a Naciones Unidas de grave negligencia en el manejo de denuncias de abuso sexual por parte de soldados y personal en misiones de la ONU.
El panel criticó duramente la falta de medidas por parte de Naciones Unidas ante un catálogo de denuncias, especialmente de explotación sexual por parte de soldados franceses en República Centroafricana.
Image copyrightGETTYImage captionEl alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Zeid Raád Al Hussein, reconoció el año pasado que su organización se demoró en pasar información a fiscales en Francia.
El general Romeo Dallaire, excomandante de las tropas de la ONU en Ruanda durante el genocidio, dijo el año pasado que sentía repugnancia por las denuncias de abuso de menores en República Centroafricana. "El caso va totalmente en contra de la razón por la cual se supone que llegan al terreno tropas en misión de paz".
La inacción de Naciones Unidas sólo llegó a la prensa internacional tras las revelaciones de un funcionario de la ONU, Anders Kompass, que frustrado ante la inacción del organismo filtró un informe confidencial sobre denuncias de abuso y lo entregó a fiscales en Francia.
Refiriéndose al nuevo informe presentado por Ban Ki-moon, Code Blue criticó que el comité de expertos nombrado por la ONU para mejorar su actuación ante denuncias de abuso está integrado por los mismos individuos que ocupaban altos cargos de responsabilidad cuando se revelaron las violaciones anteriores.
Image copyrightGETTYImage captionEl informe presentado por Ban Ki-moon insta a crear un banco con muestras de ADN de los soldados de la ONU para facilitar los procesos criminales.
"En el universo alternativo de la burocracia de la ONU, los mismos personajes que tuvieron un papel activo en la debacle de República Centroafricana ahora supervisarán cambios para mejorar la situación. Cuando los zorros están a cargo del gallinero, el gallinero está condenado", dijo Code Blue en un comunicado.
La ONG recuerda en un comunicado las palabras del panel independiente que se pronució tras el escándalo de los soldados franceses:
"El hecho de que el problema persista a pesar de innumerables informes de expertos comisionados por la ONU en los últimos 10 años, sólo sirve para aumentar la percepción de que la ONU está más preocupada con la retórica, que con la acción".
