Mientras los diputados aprobaron en menos de dos meses castigar hasta con seis años de cárcel a quienes pinten o destruyan monumentos con valor histórico, desde hace dos años se mantiene en la congeladora una iniciativa para frenar el maltrato infantil, luego de que Puebla ocupa el tercer lugar a nivel nacional.
Al llevarse a cabo el 3er Simposium Sobre Abuso Sexual y Maltrato Infantil organizado por el Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla, se advirtió que no hay un avance real a nivel local para prevenir y combatir el problema a nivel estado.
Los especialistas indicaron que Puebla ocupa el nada honroso tercer lugar en abuso sexual infantil sin que haya una tipificación del delito como tal en el Código de Procedimientos Penales del Estado, por lo que se castiga con más severidad el grafiti que el atacar a un menor.
Christian Reyes Hidalgo, coordinador académico de Psicología del Instituto de Ciencias Jurídicas, indicó que existen diversas formas de violencia, principalmente en la familia, incluso una forma de ese maltrato infantil es la desnutrición dolosa
Señaló que hay trata de personas con fines de explotación sexual, o bien laboral sin que las políticas públicas cumplan con los procesos.
Expresó que en las redes sociales no hay una vigilancia en torno a los contenidos por parte de autoridades y padres de familia.
Advirtió que se habla de la violencia intrafamiliar, pero no la violencia en contra de los de los menores, tanto física como psicológica.
Las cifras
La regidora Silvia Argüello de Julián señaló que hay cifras alarmantes como el hecho de 576 casos de violaciones infantiles o exhibicionismo, además del crecimiento de la pornografía utilizando a niños.
Aclaró que el ayuntamiento de Puebla con el presidente municipal Antonio Gali, ha puesto énfasis en lo que le corresponde, pero lo importante es que la gente no se calle, que presente las denuncias.
Expresó que también el DIF Municipal con Dinorah López de Gali se están enfocando para atender a quienes sufren de este maltrato.
En la congeladora
En julio de 2013 la entonces diputada panista Ana María Jiménez García advirtió del serio problema de la violencia contra los menores.
Indicó que las causas más frecuentes de muerte hasta los 18 meses de edad son las quemaduras, asfixia, envenenamiento, golpes y negligencia; La mitad de los niños maltratados devueltos a un padre abusivo mueren a causa de nuevas brutalidades.
Expresó que los datos anteriores los proporcionó la Academia Americana de Pediatría.
La legisladora reconoció que actualmente faltan peritos en los hospitales del sector público para que se valoren los casos de maltrato, entre las instituciones que si lo tenían se encontraba el Hospital para el Niño Poblano, pero se ha carecido de los mismos, por ello la modificación legal.
Expresó que se trata de aplicar el protocolo de atención a menores víctimas de violencia intrafamiliar y abandono que permita brindar cuidados especializados a los menores maltratados con médicos y paramédicos capacitados para detectar ese maltrato analizando hematomas, contusiones, quemaduras inexplicables entre otras.
Jiménez Ortiz explicó que en la reforma que se aprobó en el pleno se precisa que la Secretaría de Salud deberá captar, producir y procesar la información en materia de maltrato infantil, esto en el artículo 126.
En la reforma al artículo 165 se establece la obligación de las instituciones de salud del estado para tomar las medidas inmediatas que sean necesarias para la protección de la salud de los menores maltratados.
La diputada por Acción Nacional indicó que en el estudio a jóvenes denunciados por sus conductas violentas se ha determinado hasta en un 80 por ciento de los casos que fueron víctimas del maltrato cuando eran niños.
Advirtió que el problema es que no se valora a los menores pues en varios Estados de la República Mexicana, el maltrato infantil no es considerado un delito. Es importante homologar la ley en México y un asunto delicado es que aún es considerado un paraíso sexual-
Reconoció que en las leyes del país no hay un capitulado específico que regule el maltrato infantil, todos los delitos contra los menores entran en el marco jurídico general. No existe seguimiento a los casos, de tal suerte que se desconoce la situación del menor.
Las cifras que se tienen indican que desde hace 30 años, mueren asesinados a diario en México dos menores de 14 años como consecuencia de la violencia familiar y la delincuencia.
Insistió en que solo el 1% que se atiende es de manera precaria e insuficiente. El gobierno sólo cuenta con albergues temporales. En lo que se define la situación jurídica del menor, quien normalmente es remitido con algún familiar.
Cifras aún sin actualizar indican que pues datan de hace seis años, en una consulta realizada por el Instituto Federal Electoral dio como resultado las siguientes cifras: el 28% de los niños y niñas de 6 a 9 años es decir, 3’000 000 dijeron que en su casa los golpean y 16% ( 1’500 000) señalaron que lo mismo ocurre en sus escuelas. Asimismo, 3.5% de los niños y niñas (105 000) dijeron que han sufrido abusos sexuales tanto en su casa como en la escuela.
Ana María Jiménez consideró que solo se ha dado un paso pero hay que terminar con la negligencia y apatía por parte de algunos funcionarios que minimizan las lesiones que presentan los menores víctimas de maltrato y al no denunciar los hechos porque no quieren meterse en problemas los dejan a merced de que puedan quedar inválidos o incluso morir.
Así ocurrió
El pasado 1 de marzo, el congreso local aprobó —con votación dividida— las reformas al Código de Procedimientos Penales en los artículos 413y 413 bis, mejor conocida como ley Antigrafiti. Ahora se castigará hasta con seis años de prisión a quien dañe la propiedad pública y privada.
Durante la sesión, el diputado Eukid Castañón Herrera —promotor de la reforma— señaló, “el documento no es contra el grafiti, sino en contra de quienes dañen la propiedad”.
El legislador panista indicó que se tomaron en cuenta todas las opiniones; no obstante, los diputados de izquierda Socorro Quezada Tiempo, Lizeth Sánchez García, Mariano Hernández Reyes y Julián Peña Hidalgo votaron en contra; en tanto, el priista Pablo Fernández se abstuvo.
El entrevista, la diputada local y presidenta estatal del PRD, Socorro Quezada Tiempo, advirtió que el Código Penal y el de Procedimientos establecía antes de la reforma solo de cuarenta días a cuatro años de prisión “y hoy suben de dos a cuatro años y ahora se señala que quien de manera dolosa afecte el patrimonio de la ciudad o del estado puede tener un castigo hasta de seis años ya que es considerado como delito grave”.
Expresó que por esa situación votó en contra y aseguró que los legisladores sabían que si no se quitaba ese apartado —de considerarlo como un delito grave— así iría la votación, pues lo más delicado es que ahora el grafiti se equipara con un homicidio el daño a la propiedad.
“Es lamentable que no se tenga tipificado el feminicidio como tal; además, que hay crímenes de odio que han quedado impunes. El 11 de marzo se cumplieron tres años del asesinato de Agnes Torres y no hubo pronunciamiento, preocupa más una pinta”, sentenció la dirigente estatal del Sol Azteca, Socorro Quezada.
“Vale más un monumento que la vida humana, por eso se vota en contra, no es posible que se quiera criminalizar algún tipo de protesta.
”Qué bueno que podamos proteger la propiedad pública y privada; sin embargo, hay cuestiones más importantes como el hecho de que en de la ley contra la discriminación, presentada en diciembre del año pasado, la cual tiene que ver con la dignidad de las personas, y el documento no se ha pasado a comisiones ni se ha dictaminado”.
Es lamentable, comentó, el nulo interés por discutir iniciativas de este tipo y se de prioridad a las sanciones para proteger el patrimonio que ahí se quedará. “Para mí es más importante proteger los derechos humanos que el sancionar una manifestación y si se hace un recuento sobre quienes se manifiestan son los jóvenes”.
Por último, la diputada perredista sostuvo, “vamos a tener las cárceles llenas de jóvenes, y cuando se presentó la iniciativa ya hubo una pinta. Criminalizando la protesta no se resuelve el problema”.
