A una niña de 13 años de edad víctima de abuso sexual, para explicarle que se le haría un eco vaginal, le dijeron que le iban “a meter algo como…bueno, más delgado que un pene”. Frases de este tipo fueron recurrentes por médicos de Hospital General de Occidente, también conocido como Zoquipan, del municipio de Zapopan, Jalisco. Además, a la menor se le impidió su derecho a la interrupción legal del embarazo (ILE), contraviniendo lo que marcan la Norma 046 de la Ley de Víctimas y el Código Penal.
“Le pidieron en varias ocasiones que contara lo que le había pasado ‘porque boca sí tienes ¿verdad?’”, relata Patricia Ortega, representante en Jalisco del Colectivo de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México (Ddeser), quien facilitó a la familia asesoría durante el proceso y en respuesta, personal del hospital les prohibió el ingreso.
“¿Por qué los policías que están cuidando la entrada no están mejor buscando al agresor?”, preguntó a la trabajadora social del nosocomio una pariente de la niña.
DESCALIFICACIÓN DE LA VÍCTIMA. A “Alicia”, nombre ficticio con el que nos referiremos a la menor para proteger su identidad, le solicitaron copia de la denuncia penal antes de iniciar el proceso para la ILE. Pese a que la norma 046 señala que éste no es requisito, la familia contaba con el documento, lo presentó y aún así le pidieron a la pequeña que volviera a contar los hechos al personal del Ministerio Público (MP), a la trabajadora social, a la psicóloga, a los médicos, a las enfermeras y hasta al personal de ecosonograma.
“Se descalificó la situación de la víctima diciendo que el sexo fue consensuado, sin importar que la niña tiene 13 años y el agresor 25”, refiere Patricia Ortega.
El Código Penal de Jalisco califica como ‘abuso sexual infantil’ cuando se comete “un acto erótico-sexual en una persona menor de edad”. Y para el caso especifico de quien tenga cópula o cópula equiparada se establecen penas de “12 a 20 años de prisión, cuando la víctima sea menor de 15 años de edad”, según el artículo 142-M.
“A toda víctima de violación sexual se le garantizará el acceso a los servicios de anticoncepción de emergencia y de interrupción voluntaria del embarazo (…) Se dispondrá de personal capacitado en el tratamiento de la violencia sexual con un enfoque transversal de género”, señala la Ley de Atención a Víctimas del Estado de Jalisco en su artículo 27, mientras que el artículo 229 del Código Penal también lo permite “cuando el embarazo sea por violación”.
LAS TRABAS. “Ahorita no se siente nada ni se ve nada, pero en dos semanas se va a ver el bebé y se sentirán sus movimientos”, le decían a la niña personal del nosocomio, lo que para Ddeser es una forma de manipulación para tratar de persuadir a la víctima de su decisión.
Aunque finalmente “Alicia” pudo acceder a la ILE, antes tuvo que darse varias vueltas durante toda una semana, al Hospital Zoquipan. “Fue un peloteo tremendo”. Provenientes del interior del Estado, los gastos fueron significativos y el proceso cansado.
Primero las trabas referentes a la denuncia y las reiteradas declaraciones; luego les dijeron que no contaban con el medicamento; después se le orilló a recurrir al legrado “porque era el método que conocía en el hospital, no porque fuera el recomendado para su caso, siendo que ésta opción es más invasiva. Incluso en la Ciudad de México, que es donde se tiene experiencia en la ILE, como primera opción se considera el medicamento, luego la aspiración y en última instancia el legrado”, refiere la activista.
“Fue un trato cruel, es un trato inhumano para una niña de 13 años que es víctima de violación”, señala sobre las seis horas que tuvo que aguantar la menor porque en la parte intermedia se le negó el medicamento para mitigar el dolor. “Dijeron que ese era el chiste, que doliera para saber que el medicamento estaba haciendo efecto”.
Finalmente, con cinco semanas de embarazo se concretó el procedimiento de ILE, pero los malos tratos continuaron.
NIEGAN JUSTIFICANTE. Para que la menor pudiera reincorporarse a la escuela se pidió un justificante médico en el Hospital General de Occidente, mismo que le fue negado. Le dijeron que con la copia de la hoja de alta era suficiente. Ahí se especifica el procedimiento al que fue sometida. “Alicia” no quiere que sus maestros, compañeros, amigos o conocidos le pidan que cuente su historia.
Aunque es su derecho: “solicitar, acceder y recibir toda la información oficial necesaria para lograr el pleno ejercicio de sus derechos”, según la Ley de Victimas (artículo 7, apartado X); a “Alicia” también se le negó copia de su expediente. Le dijeron que tendría que pedirlo directamente a la Fiscalía General del Estado (FGE).
NO ES EL ÚNICO CASO. Durante su estancia en el Hospital Zoquipan, “Alicia” vio a varias niñas “más o menos de la misma edad” cuando salieron de labor de parto.
BARRERAS DESDE LO ALTO DE LA SSJ. De los obstáculos en el Hospital Zoquipan para permitirle a “Alicia” la ILE, estuvo enterado el titular de la Secretaría de Salud Jalisco (SSJ), Antonio Cruces Mada. Los activistas se entrevistaron con él para informarle de la situación y éste les dijo que se respetaría la fecha programada para el procedimiento, promesa que no se cumplió.
Fue hasta que intervino el secretario General de Gobierno, Roberto López Lara, y le instruyó directamente al titular de la SSJ atender el caso, cuando por fin pudo avanzar el proceso.
