España es el único país entre los 39 que han ratificado la Convención de Lanzarote que ha recogido en su legislación la definición literal de abuso sexual de menores que proporciona el convenio y que está pensada para poder luchar contra el que cometen personas del entorno cercano del menor: castiga al que hace "abuso de una posición reconocida de confianza, autoridad o influencia" para conseguir esos objetivos.
España es el único país entre los 39 que han ratificado la Convención de Lanzarote que ha recogido en su legislación la definición literal de abuso sexual de menores que proporciona el convenio y que está pensada para poder luchar contra el que cometen personas del entorno cercano del menor: castiga al que hace "abuso de una posición reconocida de confianza, autoridad o influencia" para conseguir esos objetivos.
España es el único país entre los 39 que han ratificado la Convención de Lanzarote que ha recogido en su legislación la definición literal de abuso sexual de menores que proporciona el convenio y que está pensada para poder luchar contra el que cometen personas del entorno cercano del menor: castiga al que hace "abuso de una posición reconocida de confianza, autoridad o influencia" para conseguir esos objetivos.
Así lo destaca el primer informe del Consejo de Europa sobre la Convención, un análisis de las prácticas en cada uno de los Estados donde se ha ratificado y que destaca el caso de España tanto en esta tipificación de los delitos como en el nivel de protección de las víctimas durante el proceso judicial o la recogida de datos estadísticos.
"La gran mayoría de los estados parte no cubren todos los posibles autores del delito, como un amigo del padre o un compañero de trabajo, los amigos de un hermano mayor o un vecino y esto pone en peligro el derecho del niño a la seguridad", afirma el Presidente del Comité de Lanzarote, Bragi Gudbrandsson, tras destacar que España es la excepción.
El informe recomienda al resto de países que revisen sus legislaciones nacionales para poder proteger a todos los niños, "sin importar si están por debajo o por encima de la edad para participar en actividades sexuales, e incluso cuando el autor no utiliza la coacción, la fuerza o la amenaza".
En cuanto al sistema estadístico para conocer la magnitud del problema, el informe destaca como "buenas prácticas" a España y su Registro Unificado de Menores Víctimas de Abuso, al que "servicios sociales, colegios, servicios de salud, policía y servicios de protección de menores remiten los casos de abuso sexual" y al que "todos los servicios de protección tienen acceso".
"Hay enormes lagunas en la recopilación de datos sobre el abuso sexual infantil en Europa. Los gobiernos, en cooperación con la sociedad civil, deben establecer con urgencia mecanismos de coordinación específicamente encargado de la recogida y la evaluación de estos datos", señala Gudbrandsson en relación al informe sobre el resto de Estados parte.
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