El 29 de diciembre de 2020, en la comunidad de la Cumbre de Lechuguilla, municipio de Morelos, Domingo Samuel S. C. asesinó a su esposa y a sus dos hijos utilizando un machete y una daga; los menores eran un bebé de 3 meses y una niña de seis años. Tras el asesinato, Domingo inhumó los cuerpos de los pequeños en el patio, mientras que el de la mujer lo dejó en el interior de la casa.
El asesinato de la hija de Domingo se suma no sólo a los casos de feminicidio infantil, sino también a la estadística de violencia generalizada de la que las niñas chihuahuenses son objeto.
Registros oficiales de la Fiscalía Especializada de la Mujer (FEM) establecen que en el 2020 se tomó nota de 7 hechos tipificados como feminicidio en contra de pequeñas cuyas edades oscilaban entre los dos meses y los seis años. Esto significa que un 20 por ciento del total de víctimas por razones de género reportadas en el estado durante ese año fueron niñas.
De acuerdo con información de la FEM, los delitos referidos fueron cometidos por familiares directos de las afectadas y en todos los casos se encontraron indicios de violencia previa ejercida en contra de las menores. El reporte de esa dependencia establece también que, de los 7 delitos mencionados, 5 ocurrieron en Juárez y 2 en Chihuahua.
El caso de la hija de Domingo Samuel S.C. aún no estaría contemplado en esa estadística, ya que el juez de Control resolvió iniciarle un proceso penal a Domingo por los delitos de homicidio en agravio de los menores y homicidio por razones de género únicamente en perjuicio de su pareja sentimental.
La Encuesta Intercensal 2015 del Inegi indica que en Chihuahua viven 982 mil 401 niños y niñas de 0 a 14 años, lo que representa el 29 por ciento de la población estatal que se encuentra en riesgo de ser agredida. Esa posibilidad se vuelve tangible al revisar los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), los cuales marcan que, en el lapso de enero a noviembre de 2020, en Chihuahua se registraron 11 homicidios dolosos de niñas, 147 eventos de lesiones dolosas y 5 feminicidios, quedando pendientes los delitos cometidos en diciembre.
Por su parte la asociación civil “Causa Común” refiere que al cierre de 2020 fueron 30 homicidios de niñas, niños y adolescentes en el territorio estatal.
Según información de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas (Ceave), durante el 2020 el Sistema Nacional de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (Sipinna) recibió a un total de 490 niñas en el área jurídica, mientras que en materia de psicología la suma ascendió a mil 956 menores atendidas. Pero, además, 122 niñas y 78 adolescentes padecieron abuso sexual agravado y simple, mientras que por violación agravada y simple sumaron 92 niñas y 37 adolescentes. Por violencia familiar fueron 126 y 159 respectivamente.
Wendy Paola Chávez, fiscal de Género, señala que las denuncias de actos violentos contra la infancia pueden ser presentadas por cualquier persona, aunque ésta no sea familiar directo de la menor en riesgo. Sin embargo, más allá de la denuncia, la importancia que la autoridad correspondiente le dé a las mismas –independientemente de su origen– puede significar la diferencia entre la vida y la muerte.
Niñas indígenas, las más vulnerables
El abuso y violencia generalizada contra las niñas indígenas es una práctica común en la región serrana y, lo que es peor, a pesar de que se interponen las denuncias, no hay un seguimiento puntual a los casos, dejando a las menores en la indefensión y muchas veces en manos del verdugo.
Enedina Rivas, coordinadora de la Casa de la Mujer Indígena “Akami” en Creel, señala que los embarazos en niñas y adolescentes son comunes debido a la violencia física y sexual de la que son objeto y a la cual la autoridad es indiferente.
“Sí hay muchos casos de abuso a las niñas indígenas y lo peor es que no se les da seguimiento porque no hay ni policías ni nada. Son víctimas de primos, hermanos, padres, o adultos mayores. También son muy comunes los embarazos adolescentes que a veces, en apariencia, son “voluntarios”, pero eso no es cierto, sabemos que no es así. También es común que, aunque denuncien el abuso, no les hacen caso. Tenemos una Fiscalía Especializada de la Mujer Indígena que se creó hace dos años, pero no ha funcionado”, apunta.
La violencia contra las menores de edad muestra una cara aun más oscura: el abuso sexual a las niñas con discapacidad, cuyos derechos son violentados hasta por el personal médico que atiende los partos.
“Tuvimos el caso de una niña con discapacidad, que entre otras cosas no puede hablar, y cuando tenía 12 años nació su bebé”.
La autoridad es indiferente ante estos casos: Akami
Tratamos de hacer algo y nos dijeron simplemente que no se podía. Personalmente reporté el caso, se dio seguimiento un tiempo por parte del DIF y el Ministerio Público, pero después, cuando pregunté, me dijeron que mientras no hubiera una denuncia por parte del papá no se podía hacer nada”, señala Enedina.
Pero, además, abunda, en la clínica de San Juanito donde la jovencita dio a luz a su bebé la operaron sin decir nada ni pedir el permiso a nadie, lo que se convierte en otro abuso que perpetúa el anterior, ya que, señala Enedina, si ella sigue siendo abusada no quedará embarazada, pero el abuso estará allí.
La víctima, cuya madre también es una persona con discapacidad, sigue viviendo en la casa paterna y hasta el momento no hay una denuncia.
La infancia es el bien a salvaguardar y en la atención que pongan a ella queda la evidencia sobre quiénes son los hombres de Estado que buscan el bienestar de la próxima generación, pero también queda quiénes están preocupados sólo por la próxima elección, señala el psicólogo social Arturo Limón.
Agrega que para que los niños y las niñas vivan en libertad es necesario que los tres niveles de gobierno atiendan el problema y se prevenga la existencia de individuos “agazapados” con la capacidad para dañar, porque de lo contrario ninguna persona –particularmente los menores– está a salvo.
Por otra parte, Limón hace referencia a la importancia del núcleo familiar y la protección y cuidado de los miembros más pequeños, ya que el poco interés de algunos padres hacia sus hijos incurre directamente en la violencia.
“El vacío en la educación de los padres, la despreocupación por serlo y el maltrato ‘heredado’ a los hijos son factores que inciden directamente en la violencia contra los menores, específicamente las niñas. Ese vacío en la educación paterna es enorme. No llegamos con un manual para ser padres, pero también tenemos una terrible despreocupación por serlo, maltratamos a los hijos como fuimos maltratados. No podemos desbordar en la barbarie del maltrato infantil el gran edificio de la civilización. Estamos viviendo en una sociedad que nos apremia para sobrevivir. El consumismo, el abuso del tiempo que exige llevar a las madres a las maquiladoras que las tiene hasta 12 horas o más fuera de casa y mientras tanto los niños están solos”, indica Limón.
Advierte que la estructura familiar está fallando al igual que la estructura social y los menores son equiparables a la oveja pequeña que se queda a merced de los lobos, pero los lobos se han multiplicado.
“Si perdemos a los niños perdemos el futuro, es un asunto de alta prioridad. La infancia es el renuevo de la vida. Nadie puede mantenerse ajeno. Me alarma la prostitución infantil y el hecho de que las mujeres también participen se debe analizar. Debería crearse una mesa interdisciplinaria y multifactorial para estudiar el tema y no sólo rasgarse las vestiduras cuando matan a un niño, es necesario hacer algo de fondo contra esta corriente que nos está ahogando”, apremia.
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Saludar al tío que no quieres, hacer cosas que te hacen sentir incómoda, vivir el acoso en el ámbito escolar, son algunas de las razones que llevaron a Dalma a crear la organización “Niñas en Resistencia”, que aglutina a 24 menores de 18 años que viven en diferentes partes de México.
La adolescente chihuahuense de 13 años señala que la violencia contra las niñas y jovencitas es una constante y los testimonios así lo visibilizan, aunque en ocasiones las víctimas no la identifican como tal.
“Sigue habiendo mucha violencia en Chihuahua, pero también tenemos compañeras de otras partes del país y testimonios muy fuertes de abuso. Por ejemplo, una chava de 16 años que fue manipulada por un hombre de 22 para tener relaciones sexuales y ella no se daba cuenta que había sido una violación”, narra.
Sin embargo, los agresores a veces no sólo son los adultos, sino también aquellos niños que en forma de “juego” acosan o hacen tocamientos a sus compañeras de clase y que incluso son justificados por sus maestros.
“En la agrupación hemos tenido pláticas de retroalimentación y hablamos –entre otras cosas– del acoso que se sufre en las escuelas cuando los hombres tocan a las mujeres y los maestros los justifican diciendo que “son niños”, pero si nadie le dice a ese pequeño que lo que hace no está bien ¿cómo lo va a aprender? Se olvidan de que crecerán y nunca aprendió que no estaba bien”.
De igual forma, Dalma habla sobre la falta de apoyo que las menores enfrentan –incluso por parte de mujeres– cuando tratan de denunciar una agresión o situación que violenta sus derechos.
“La compañera agredida acudió con un abogado para llevar el caso a juicio, pero le dijeron que el estupro ya no existía en el código penal, pedimos ayuda a una amiga abogada y ella nos confirmó que en todo México el estupro sí existe. Enviamos un mensaje a redes de abogadas, pero ninguna nos respondió, luego lo hicimos a través de la página de la colectiva porque necesitamos apoyo”, señala.
“Niñas en Resistencia”, dice Dalma, fue creada con el objetivo de que este grupo de la población conozca sobre el acoso y la importancia de no hacer cosas que les molestan, así como de denunciar cuando esto ocurra.
“No se necesita ser feminista para denunciar. No está bien que las niñas sufran de violencia, pero muchas veces es más difícil para nosotras denunciar por todas las trabas que se nos ponen”, puntualiza.
