En lo que va del año fueron procesadas 26 personas, en el marco de 14 investigaciones realizadas por la División Trata y Tráfico de Personas en Rivera: 10 por el delito de retribución previsto en el artículo 4 de la ley 17.815; uno por proxenetismo; seis por omisión a los deberes inherentes a la patria potestad, y dos funcionarias del Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay (INAU) por omisión contumacial de los deberes inherentes al cargo; uno por retribución y contribución a la explotación sexual, uno por corrupción y cinco por atentado violento al pudor.
El último.
Un hombre de 61 años intentó autoeliminarse en Vichadero cuando la Policía lo invitó a concurrir a la comisaría para prestar declaraciones sobre un presunto caso de abuso sexual infantil.
El hombre pidió para ir a buscar un buzo al galpón donde vive y allí tomó un rifle de aire comprimido adaptado para balas calibre 22, y lo apoyó a la altura del corazón. Se disparó pero no logró quitarse la vida. Fue trasladado a un centro asistencial donde permanece internado, fuera de peligro y con custodia policial.
En el marco de esta investigación están a disposición de la Justicia otro hombre, de 56 años, y una mujer, madre de las dos víctimas de 12 y 14 años.
Por Facebook.
Ese procedimiento se dio pocas horas después de que un expolicía, de 77 años, fuera procesado por pagarle a una menor de 17 para mantener relaciones sexuales. El hombre fue acusado de manosear a una menor de 10 años.
El padre de las menores también fue procesado.
El caso ocurrió en Vichadero y fue denunciado a través de Facebook, donde la joven colgó una foto del policía jubilado y aseguró que manoseaba a una niña de 10. Esa acusación generó natural conmoción en la localidad en la que residen poco más de 4.000 habitantes.
Pocos días después de la publicación, por disposición de una jueza, el acusado fue sometido a una pericia forense para determinar su eventual imputabilidad. Simultáneamente, la dirección departamental del INAU, al ser informada de la publicación, puso el hecho en conocimiento del juez Diego Saravia, quien ordenó que la División Trata y Tráfico de Personas investigara para determinar la veracidad del episodio.
Los efectivos policiales recorrieron los 135 kilómetros que separan Vichadero de la capital departamental y detuvieron al acusado, su hija y los padres de la menor que, en primera instancia, aparecía como víctima.
Al cabo de los interrogatorios se comprobó que, además de la niña de 10 años, también su hermana, que ahora tiene 17, había sido víctima del expolicía, a quien le pagaba a cambio de sexo.
El juez Diego Saravia y la fiscal Gabriela López tipificaron al policía jubilado "reiterados delitos de retribución a menores de edad (artículo 4º de la Ley 17.815) con reiterados delitos de atentado violento al pudor".
Al padre de las dos menores lo procesaron sin prisión por "omisión a los deberes inherentes a la patria potestad". Según la disposición judicial deberá, como medida sustitutiva, concurrir a la seccional policial de su zona y permanecer por 8 horas, por el plazo de 4 meses.
